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| Christoph Scherrer |
En el último día de sesiones de 2019 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con los votos de la abrumadora mayoría de sus integrantes la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). El apoyo de los demócratas a este acuerdo de libre comercio que fue negociado por el gobierno de Trump, se debe sobre todo a que fueron capaces de obligar al gobierno a incluir mecanismos sin precedentes para el monitoreo y control de cumplimiento de la reforma del derecho laboral mexicano. Dichos mecanismos fueron recibidos con beneplácito por la AFL-CIO y la mayoría de los sindicatos estadounidenses. Ellos esperan que el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en México actúe como incentivo para que las empresas desistan de trasladar puestos de trabajo a México.
El arículo describe los déficits del derecho laboral de México, presenta un anexo referido a las reformas de la legislación laboral mexicanas que fueron negociadas por los representantes de Comercio de Trump y, aún más importante, detalla los mecanismos para garantizar su cumplimiento que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, introdujo con éxito en la Ley de Implementación.
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| Francesco Pontarelli |
La propagación del virus COVID-19, reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha adquirido proporciones de una crisis global de dimensiones incalculables. La emergencia del virus ya afectó la vida de millones de personas, mientras el número de infecciones aumenta en todo el mundo. Al parecer, es solo una cuestión de tiempo, hasta que la propagación exponencial del virus afecte también a países, donde las herramientas básicas de protección –vivienda digna, agua corriente y seguridad alimentaria– constituyen un lujo para la mayoría de la población. Sin embargo, hasta en algunos de los países más ricos que cuentan con sistemas nacionales de salud pública y recursos económicos importantes, los gobiernos enfrentan serias dificultades para frenar la velocidad de los contagios.
Cuando el presente artículo se escribió, Italia se había convertido en uno de los países más afectados, con más de 50.000 casos confirmados y 4.825 muertes hasta el 21 de marzo. Se había llegado a esta situación en un lapso muy breve. A inicios del mes de marzo, cuando las unidades de cuidados intensivos de las regiones del norte del país comenzaron a desbordarse
–en parte debido a décadas de recortes presupuestarios neoliberales– la amenaza del virus se hizo innegable y el gobierno italiano decidió adoptar medidas urgentes para inhibir la propagación de los contagios a todo el país. Luego del intento de aislar los focos de contagio mediante la declaración de ´zonas rojas´ (la región de Lombardía y otras 14 provincias) el 5 de marzo, el 9 de marzo el Gobierno extendió el estado de emergencia a todo el país. El 11 de marzo se dispuso el cierre de los espacios públicos, servicios, instituciones educativas y la mayoría del sector minorista (con la excepción de almacenes de comestibles, farmacias y algunos otros rubros). Se clausuró asimismo la esfera pública de la vida de la gente.
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| Ronaldo Munck |
Algunos procesos hoy en curso ponen en duda la sabiduría popular de que la globalización neoliberal es un desastre sin precedentes para los trabajadores, los sindicatos y el movimiento obrero. Sin duda, los obstáculos a la organización de los trabajadores significan desafíos muy serios. La creciente movilidad del capital ha desencadenado un fuerte aumento de reubicaciones, externalizaciones y traslados al exterior. Las empresas multinacionales pueden amenazar con cerrar plantas de producción, si los trabajadores reclaman aumentos salariales o los Estados pretenden introducir impuestos. Los ejecutivos de las empresas multinacionales pueden enfrentar las plantas entre ellas al inclinarse por una u otra para lograr que las/los directores y trabajadoras/trabajadores locales hagan ofertas cada vez más bajas. Paralelamente, a partir de la creciente movilidad del trabajo se han incrementado los movimientos migratorios que pueden ser percibidos como una amenaza a los salarios y condiciones de trabajo, si los trabajadores migrantes ingresan a una fuerza de trabajo ya establecida. En esa situación las empresas pueden generar divisiones raciales, étnicas y lingüísticas con el fin de socavar la solidaridad.
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| Víctor Figueroa |
El movimiento obrero internacional tiende a centrarse en el impacto directo de la tecnología en los trabajadores y, más específicamente, en la pérdida de empleo. Históricamente la tecnología ha tenido la tendencia de sustituir el trabajo, a intensificarlo y a facilitar la reorganización de los procesos de trabajo. Por esta razón nos inclinamos a hablar del ‘impacto’ del cambio tecnológico sobre los trabajadores. El término resalta el hecho que desde siempre los trabajadores —sin control de la economía y con poca incidencia en la política— han estado expuestos a los efectos negativos del cambio tecnológico.
Una narrativa engañosa
Desde hace algunos años la ‘Cuarta Revolución Industrial' está en boca de todos, y con ella la preocupación por el ‘futuro del trabajo' que se expresa en titulares como: ‘En el sudeste de Asia millones de empleos se pierden por la automatización' (Cruickshank, 2016) o: ‘Adaptarse o morir: qué hacer, cuando los bots te quitan el trabajo' (Wall, 2016). Estos titulares contribuyen a que los sindicatos sigan enfocados en este aspecto del cambio tecnológico. Sin embargo, no es la primera vez que los trabajadores se enfrentan a pronósticos desoladores.
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| Frank Hoffer |
En la actualidad, las malas noticias parecen abrumadoras: Duterte, Erdogan, Jinping, Kaczynski, Modi, Orban, Putin, Trump. La lista de los líderes políticos fracasados, que sin embargo mantienen su respaldo popular, crece día a día; líderes que no fracasan en términos de maximización de su poder personal, sino a la hora de encarar las necesidades y el futuro del pueblo. Quienes avanzan son líderes machistas unidos por la simpatía por el nacionalismo autoritario y la falta de respeto por la democracia, la justicia y los valores humanistas globales. Asistimos a un movimiento tectónico global hacia el nacionalismo, el chovinismo masculino, el odio a las minorías y el enriquecimiento plutocrático. La situación que ya está difícil tiene el potencial de deteriorarse aún más.
La anodina defensa de la situación actual por las fuerzas ecologistas, liberales y de izquierda no contribuirá en nada para detener el avance de la ultraderecha. El espíritu de la época exige un cambio. Las obsesiones pseudorradicales con el lenguaje purificado y correcto y la lucha apasionada contra expresiones no intencionadas y a veces subconscientes de representantes de la corriente mayoritaria que son presentadas como micro agresiones contra grupos minoritarios no captan lo que realmente está en juego.
Para revertir la marea se requiere una visión de justicia a nivel local y global que hable a la gente, más allá de las universidades y las zonas de comodidad urbanas en vías de gentrificación. Exige a la vez, trabajar por lograr cambios de fondo y esforzarse diariamente para aliviar la vida en un mundo sin piedad e injusto.
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| Nina Bünger |
Las empresas subsidiarias y los proveedores de empresas europeas a menudo ignoran los derechos humanos y normas laborales fundamentales. A las empresas matrices se les acusa típicamente por el incumplimiento de normas fundamentales de seguridad en el trabajo que empresas subsidiarias o proveedores cometen, a pesar de conocer las normas o por ignorarlas por negligencia. Sin embargo, las violaciones son cometidas por actores que atribuyen sus actos a transnacionales europeas que actúan en el fondo. Esos perjuicios (o daños (ingl. torts) que pueden resultar en indemnizaciones legales) se producen típicamente en países, cuya legislación nacional no alcanza para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos o que carecen de una implementación efectiva del derecho. Por lo tanto, se necesitan recursos en los países sede de las empresas transnacionales responsables.
A diferencia de Estados Unidos, donde las reclamaciones por violaciones del derecho internacional basadas en daños se reciben sobre la base de la Ley de Responsabilidad Civil en el Extranjero (ingl. Alien Tort Claims Act), el derecho civil europeo ofrece pocas opciones para responsabilizar a las empresas por las violaciones de los derechos humanos. La catarata de regulaciones legales blandas, tales como las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), las Directrices sobre responsabilidad social empresarial, y las limitaciones voluntarias carecen de fuerza, porque no tienen poder vinculante.
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| Patrick Belser |
En los últimos años la participación de las remuneraciones laborales en el producto bruto interno (PBI) disminuyó en muchos países del mundo. Al mismo tiempo las desigualdades salariales alcanzaron niveles que muchos consideran insostenibles en términos sociales y económicos. Niveles excesivos de desigualdad no solo erosionan la cohesión social; también reducen las oportunidades de movilidad social, restringen el consumo de los grupos de bajos ingresos, debilitan la clase media y crean sociedades en las que las elites viven en mundos separados.
Por lo tanto, la reducción de la desigualdad se ha convertido en un aspecto de mayor importancia para los actores políticos de muchas partes del mundo, un hecho que no solo queda reflejado en la agenda del trabajo digno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que reclama trabajo digno para todos y políticas de protección fiscal, salarial y social para alcanzar de forma progresiva mayores niveles de igualdad.
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