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| Francesco Pontarelli |
La propagación del virus COVID-19, reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha adquirido proporciones de una crisis global de dimensiones incalculables. La emergencia del virus ya afectó la vida de millones de personas, mientras el número de infecciones aumenta en todo el mundo. Al parecer, es solo una cuestión de tiempo, hasta que la propagación exponencial del virus afecte también a países, donde las herramientas básicas de protección –vivienda digna, agua corriente y seguridad alimentaria– constituyen un lujo para la mayoría de la población. Sin embargo, hasta en algunos de los países más ricos que cuentan con sistemas nacionales de salud pública y recursos económicos importantes, los gobiernos enfrentan serias dificultades para frenar la velocidad de los contagios.Cuando el presente artículo se escribió, Italia se había convertido en uno de los países más afectados, con más de 50.000 casos confirmados y 4.825 muertes hasta el 21 de marzo. Se había llegado a esta situación en un lapso muy breve. A inicios del mes de marzo, cuando las unidades de cuidados intensivos de las regiones del norte del país comenzaron a desbordarse –en parte debido a décadas de recortes presupuestarios neoliberales– la amenaza del virus se hizo innegable y el gobierno italiano decidió adoptar medidas urgentes para inhibir la propagación de los contagios a todo el país. Luego del intento de aislar los focos de contagio mediante la declaración de ´zonas rojas´ (la región de Lombardía y otras 14 provincias) el 5 de marzo, el 9 de marzo el Gobierno extendió el estado de emergencia a todo el país. El 11 de marzo se dispuso el cierre de los espacios públicos, servicios, instituciones educativas y la mayoría del sector minorista (con la excepción de almacenes de comestibles, farmacias y algunos otros rubros). Se clausuró asimismo la esfera pública de la vida de la gente.
Las medidas de emergencia se comunicaron acompañadas del reconocimiento que por el momento –sin vacuna ni tratamiento– la limitación del contacto entre las personas era la única medida eficaz para contener la propagación del virus. En consecuencia, desde la declaración del estado de emergencia todas y todos están obligados a permanecer en sus casas, mientras se establecieron barreras callejeras y controles policiales para verificar si las pocas personas en las calles salieron por necesidades comprobadas. La situación trae recuerdos de los toques de queda en zonas de guerra.
A pesar de las medidas adoptadas, el número de infecciones y muertes aún no ha empezado a reducirse, lo que llama la atención de los comentaristas. Algunos periódicos resaltaron determinados aspectos de la cultura italiana. En la actualidad, la presencia de personas egoístas e indisciplinadas, incapaces de actuar con responsabilidad social, se considera como una de las principales causas del avance incesante del virus. Efectivamente, hay sectores de la población que incumplen las disposiciones a favor de una mayor responsabilidad social; no obstante, incluso después de décadas de exagerada ideología neoliberal –en las que se promovía la primacía de las necesidades individuales sobre las sociales– que pueden haber instruido a la gente a comportarse de manera egoísta y cínica, no parece aceptable desde la perspectiva científica que se eche la culpa a corredores no profesionales y jóvenes que se encuentran en los espacios públicos.
La rápida aparición de importantes luchas sociales en todo el país proporciona una explicación adicional. Durante los días de cuarentena se produjeron numerosas protestas trabajadoras y huelgas espontáneas que transmiten un mensaje claro, aunque subestimado en el debate a nivel nacional: La propagación del virus se debe también a que millones de personas que corrían el riesgo de perder sus ingresos tenían que levantarse todas las mañanas para tomar un medio de transporte público y trabajar en concurridos depósitos, fábricas y oficinas.
Seguir como de costumbre en tiempos de cuarentena
Las movilizaciones trabajadoras dejaron al descubierto una de las principales contradicciones de las medidas de emergencia que el gobierno italiano había adoptado. Se había ordenado la paralización de toda la vida pública como en una situación de guerra; sin embargo, la mayoría de las actividades productivas no esenciales debían continuar. A la luz de la conciencia creciente sobre la amenaza del virus y las significativas restricciones a la vida pública, los trabajadores se negaron a seguir como de costumbre. Rechazaron la primacía de las necesidades del capital sobre las suyas propias y la salud de sus seres queridos con todas las herramientas que tenían a su disposición: huelgas espontáneas y organizadas, paralización de tareas, recursos legales, y certificaciones colectivas por enfermedad.
En el transcurso de pocos días, la lista de los lugares de trabajo afectados por las movilizaciones se extendió a varias regiones y sectores industriales: Amazon, en Castel San Giovanni; Arcelor Mittal, en Taranto; Ast, en Terni; Corneliani, en Mantua; Electrolux, en Susegana; Fiat-Chrysler, en Pomigliano; Fincantieri, en Porto Marghera; Piaggio di Pontendera y Whirlpool, en Cassinetta, para mencionar solo algunos.
El detonante principal de las movilizaciones obreras fue la falta de equipos protectores como de estándares de seguridad mínimos. Los trabajadores se manifiestan contra la falta de la necesaria distancia física entre las estaciones de trabajo; la aglomeración inevitable en los espacios comunes como corredores, vestuarios y líneas de producción; el equipo de protección personal insuficiente; y la falta esporádica o completa de los procesos de higiene. Desde el primer día los trabajadores tomaron conciencia de que en los lugares de trabajo y los procesos laborales se tendrían que haber implementado importantes esfuerzos de reestructura antes de plantear siguiera la posibilidad de retomar las actividades, sin que esto genere riesgos para la salud.
Protocolos de seguridad en el trabajo
La intensificación de las movilizaciones que provocaron paralizaciones temporales de la producción en fábricas grandes (Arcelor Mittal, Fiat-Chrysler, Fincantieri, Maserati, Yamaha, Ducati, entre otras) impulsaron a las tres confederaciones sindicales –Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), y Unión Italiana del Trabajo (UIL)– a que firmaran un protocolo conjunto con el gobierno y los empleadores, el día 14 de marzo. El acuerdo introdujo medidas reglamentarias destinadas a contener la propagación de COVID-19 en los lugares de trabajo y se centró en los estándares mínimos para facilitar la continuación de las actividades productivas. El acuerdo fue criticado por sindicatos y movimientos de base por hacer concesiones excesivas y por legitimar el funcionamiento de la producción no esencial. Una semana después de la firma del protocolo, tanto el número de infectados –y, en algunos casos, fallecidos– como el de huelgas y paralizaciones de las actividades seguía en aumento.
La evolución cada vez más sombría y la persistencia de las protestas contra la reticencia de las empresas a seguir los protocolos de seguridad presionaron al Gobierno a revisar el enfoque adoptado. Hablando en una conferencia de prensa el 21 de marzo, el primer ministro Giuseppe Conte anunció su decisión de "cerrar toda la actividad productiva en el territorio que no sea estrictamente necesaria, crucial e indispensable para garantizar los bienes y servicios esenciales". A pesar del retraso, la decisión marca un paso decisivo en la guerra contra la propagación del virus. No obstante, algunos sectores del trabajo organizado no están reduciendo su alerta; al contrario, están concentrando su lucha en el significado de la expresión "producción esencial". En el momento de escribir esta nota, todavía no se disponía de un documento escrito, y aún no estaba claro la forma en qué la decisión gubernamental se implementaría, pero circularon rumores con respecto a una larga lista de lugares de trabajo en funcionamiento, que incluía a todos los centros de atención telefónica (call centers).[1] De confirmarse la información, el alcance y la eficacia de la medida se verían significativamente reducidos. Mientras tanto, la federación sindical USB (Unione Sindacala di Base) convocó a una huelga general de 24 horas para el 25 de marzo, y muchos sindicatos, por ejemplo en el sector logístico, decidieron mantenerse en estado de movilización alta.
Los tiempos de crisis tienen la capacidad de resaltar, más que nunca, las contradicciones fundamentales de nuestra sociedad. Las imágenes de los camiones militares que llevaban los cuerpos de víctimas del Covid-19 de la ciudad de Bérgamo, una de las áreas más industrializadas del país, agregados al número creciente de muertos, pueden representar un golpe serio para cualquiera que pretende mantener la producción y los servicios no esenciales en funcionamiento. Ya no queda espacio para campañas al estilo de #Bergamoisrunning, un video de la Confederación General de la Industria Italiana, Confindustria (Prima Bergamo, 2020) que subestiman los efectos del virus sobre las actividades industriales, con las que se pretendía dar seguridades a los socios comerciales de las empresas de Bérgamo.
Los próximos días serán críticos para la guerra contra el COVID-19 y la contención del número de muertes. Las presiones de Confindustria a mantener la producción a cualquier precio demuestra su ceguera hacia las necesidades de la sociedad en general. En la actualidad, a la salud pública la defienden todas las trabajadoras y todos los trabajadores que arriesgan su vida al asegurar el funcionamiento del sector de la salud, de los almacenes y de las farmacias en condiciones extremas, y también las movilizaciones organizadas de trabajadores en todo el país quienes, una vez más, están defendiendo la primacía de la vida sobre las ganancias.
La propagación del virus no es solamente una crisis médica; es asimismo una lucha política y social. Las medidas económicas gubernamentales no tuvieron en cuenta las necesidades vitales de las trabajadoras y los trabajadores del sector informal, de los cuidados, de los migrantes y de todas y todos sin acceso a los derechos laborales y las redes de seguridad social. Esta crisis que marca una época es asimismo un tiempo crucial para que los movimientos obreros y sociales rechacen las propuestas de las instituciones impulsadas por el capital y construyan alternativas que antepongan las necesidades de la gente y del medio ambiente a las ganancias.
[1] En los centros de atención telefónica se registraron varios casos de contagio. Por ejemplo, hace pocos días se confirmó un caso en Comrada in Marcianise, con 800 empleadas y empleados. La empresa recibió duras críticas sindicales por no reestructurar sus procesos de trabajo.
Francesco Pontarelli tiene un doctorado (PhD) de la Universidad de Johannesburgo. Sus investigaciones se concentran en los estudios de Gramsci y de los movimientos obreros y sociales. Pontarelli es miembro del movimiento Potere al Popolo (El Poder para el Pueblo) de Italia.
Referencias bibliográficas
Prima Bergamo (2020), "Un mensaje positivo de Confindustria a todos los clientes en el exterior" (en italiano), Prima Bergamo, 29 de febrero de 2020.
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.
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