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| Frank Hoffer |
En las sociedades modernas el camino más exitoso –y en la actualidad, el único– de proporcionar un nivel mínimo de protección social universal es el estado de bienestar que garantiza los derechos básicos para quienes los necesiten, y que se financia mediante cotizaciones obligatorias (aportes o contribuciones) de todos los integrantes de la sociedad según sus posibilidades. Habrá otras formas de organizar los sistemas, pero en última instancia todos tienen como fundamento la capacidad y voluntad de los gobiernos de imponerles a los ciudadanos la solidaridad obligatoria con los miembros más pobres de la sociedad.
No es posible proteger a los pobres mediante sistemas voluntarios de seguridad social, y ha sido muy difícil extender los sistemas contributivos de seguridad social más allá de la economía formal. El reconocimiento de lo poco que se ha avanzado en muchos países en desarrollo en el pasaje de mercados laborales informales a relaciones de empleo con base legal, dejó cada vez más en claro que cualquier progreso en la extensión de la cobertura requiere nuevas políticas decididas e innovadores de Estado para lograr la extensión de la cobertura de seguridad social. Después de intensos debates a nivel nacional e internacional, como también durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2012 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la nueva Recomendación (núm. 202) sobre los pisos de protección social (PPS)[1] (“la Recomendación”), en la cual dejó constancia de que la seguridad social con cobertura universal es necesaria, deseable y posible:
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