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| Jeffrey Vogt |
AntecedentesEn la fase inicial de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2012, los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores se reunieron para definir una “lista abreviada” de 25 casos tomados del informe anual de la Comisión de Expertos de la OIT, para su discusión por los mandantes tripartitos de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la conferencia en la semana siguiente. Sin previo aviso, el Grupo de los Empleadores se negó a aceptar una lista final abreviada negociada que comprendería todos los casos, respecto de los cuales el informe de la Comisión de Expertos contenía observaciones relativas al derecho a la huelga. El Grupo de los Empleadores (GE) solicitó asimismo un “aviso legal” con respecto al resumen general presentado por la Comisión de Expertos[1]. Ese descargo de responsabilidad tenía un doble propósito: disminuir la autoridad persuasiva de las observaciones hechas por la Comisión de Expertos fuera del ámbito de la OIT, e intentar el establecimiento de una superioridad jerárquica (inexistente) del órgano político, tripartito —la CAN— por sobre la comisión independiente de expertos.




