Las múltiples crisis económicas, financieras, alimentarias y ecológicas se están profundizando. Sin embargo, el reinado supremo del capitalismo neoliberal se mantiene inalterado. A cada crisis se responde con más orientación de mercado y mayor mercantilización de los recursos naturales. El “libre” comercio se profundiza en las negociaciones por el establecimiento de una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT); los sistemas de comercio de derechos de emisión se han constituido en una de las principales estrategias para mitigar el cambio climático. En nuestra opinión, el vínculo entre los conceptos de “soberanía alimentaria” y “comercio justo” podría generar puntos de contacto entre las luchas de los trabajadores y de las comunidades, además de contribuir a la solidaridad obrera a nivel internacional y local. Ambos conceptos constituyen desafíos al régimen alimentario neoliberal.
Se dice a menudo que la protección social resulta insostenible durante los períodos de ajuste, o que un recorte de los gastos gubernamentales es inevitable. Sin embargo, existen alternativas, incluso en países muy pobres.
El documento Fiscal Space for Social Protection: Options to Expand Social Investments in 187 Countries (El espacio fiscal para la protección social: opciones para expandir las inversiones sociales en 187 países), publicado por el departamento de Protección Social de la OIT, ofrece una serie de opciones que pueden ser exploradas para expandir el espacio fiscal y generar recursos para las inversiones sociales, a saber: (i) reasignación del gasto público; (ii) aumento de los ingresos tributarios; (iii) expansión de la cobertura social y de los aportes recibidos; (iv) trabajo de cabildeo para obtener apoyos y transferencias; (v) eliminación de flujos financieros ilícitos; (vi) uso de las reservas fiscales y de divisas del Banco Central; (vii) préstamos y reestructura de la deuda existente; (viii) adopción de un marco macroeconómico más conducente. El Apéndice 1 del documento ofrece un resumen de los indicadores más recientes de los espacios fiscales de 187 países y puede servir como herramienta general para el trabajo de sensibilización.
En las dos últimas décadas, China experimentó una expansión económica masiva a escala global, acompañada de la búsqueda continua de recursos que le permitieran sostener sus altas metas de crecimiento. Este proceso convergió con la adaptación de una política económica orientada hacia Oriente por parte de Zimbabue, luego de controversias con los países occidentales. Como resultado, la economía de Zimbabue recibió fuertes inversiones chinas en varios sectores, especialmente en la minería, telecomunicaciones, infraestructura, agricultura y comercio minorista. Este documento examina la experiencia de los trabajadores en emprendimientos de inversión chinos, tomando como ejemplo los yacimientos de diamantes de Marange.
El potencial minero de esos yacimientos se descubrió en 2006, luego de que los derechos de explotación de la empresa African Consolidated Resources (ACR), de capitales británicos, fueran retirados de una manera poco ortodoxa, debido a las tensiones en las relaciones entre Zimbabue y el Reino Unido (Sokwanele, 2011).
Capitalismo ‘militarizado’ Zimbabue descubrió su principal yacimiento de diamantes, luego de que la Unión Europea y Estados Unidos habían impuesto sanciones al país. La situación política en general y las controversias legales sobre derechos mineros obstaculizaron la llegada de inversores. En estas circunstancias, el régimen se vio forzado a adoptar el modelo de capitalismo militarizado, es decir un régimen de explotación minera bajo el control de las fuerzas armadas y sus socios. Este modelo de relaciones laborales no admite sindicatos independientes. Para iniciar las operaciones de minería de diamantes en Marange, el gobierno creó una empresa subsidiaria paraestatal, estrechamente vinculada con las Fuerzas de Defensa de Zimbabue (ZDF, por sus siglas en inglés): la Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) (ibid). De esta manera comenzó la militarización de las operaciones de minería de diamantes en Marange, con sus subsiguientes consecuencias para el desarrollo de las relaciones laborales.
Hace apenas algunas semanas el salario mínimo entró en vigencia en Alemania, pero ya hay claros indicios de que su implementación en la práctica no debe ser tomada como un hecho. No pasa casi ningún día, en el que los medios no informen de nuevas infracciones contra el salario mínimo. Al mismo tiempo, algunos estudios de abogados ofrecen asesoramiento en línea acerca de cómo eludirlo. Y todos los días, cientos de empleados se ponen en contacto con la línea directa sobre salario mínimo habilitada por la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB, por sus siglas en alemán) y el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS, por sus siglas en alemán) para denunciar los intentos, a veces altamente engañosas, de excluirlos del salario mínimo.
En un estudio comisionado por el ministerio de Trabajo del estado de Renania del Norte-Westfalia en otoño [septentrional] del año pasado, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (WSI, por sus siglas en alemán) de la Fundación Hans Böckler se ocupó de las condiciones necesarias para la implementación con éxito de un sistema de salarios mínimos. La investigación examinó los ejemplos de otros países europeos (Francia, Reino Unido y Países Bajos) así como las experiencias hechas en Alemania con salarios mínimos por región y sector, que han existido hace tiempo.[1] Se identificaron fundamentalmente cinco factores necesarios para el éxito:
una definición exacta y razonable del salario mínimo
disposiciones claras y controlables sobre la relación entre salario mínimo y horario de trabajo
la existencia de instituciones y procesos de supervisión eficientes
instrumentos efectivos para que los asalariados puedan solicitar el salario mínimo que les corresponde
la aceptación social al más amplio nivel, también por partes importantes del mundo de los negocios.
Es un hecho que las innovaciones y los cambios relacionados con la organización del trabajo conllevaron alteraciones del mercado laboral, por las que algunos estándares internacionales de trabajo se han vuelto obsoletos, para dar lugar a demandas por nuevos derechos. Pero esto no justifica las presiones ejercidas sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que sea bajada del estatus de organismo internacional al de una agencia del sistema de Naciones Unidas, ni tampoco los cuestionamientos del derecho de huelga como parte del Convenio 87 sobre la libertad de asociación, a pesar de la defensa de este concepto que la OIT ha sostenido a lo largo de más de sesenta años.
La OIT es uno de los organismos más antiguos e importantes del sistema de la ONU. Además, es el único que funciona sobre una base tripartita: gobiernos, empleadores y trabajadores. Tiene potestades de normalización y supervisión y dispone de mecanismos para anular normas obsoletas, actualizar las incompletas y habilitar la denuncia por parte de los países miembros, de los convenios que ellos consideren inadecuados. De modo que existen las herramientas para perfeccionar el sistema de normas.
En muchos países del mundo el Estado se ha ido retirando paulatinamente a lo largo de las últimas décadas, en un proceso que refleja la creencia de que la ampliación del espacio de las fuerzas del mercado redundaría en más crecimiento económico y, por consiguiente, mayores oportunidades económicas. Esta creencia ha quedado manifiesta en el impulso hacia la liberalización de los mercados de bienes y financieros a lo largo y ancho del mundo en las décadas de 1980 y 1990, pero también en las inversiones decrecientes que el sector público de muchas economías avanzadas vuelca hacia los servicios y bienes públicos así como hacia las políticas redistributivas.
No todos los países han implementado esos cambios con la misma convicción, ni han comenzado desde el mismo punto de partida.; no obstante, como efecto general se han generado niveles crecientes de desigualdad en casi todas partes del mundo: América del Norte, Europa, Asia y partes de África. En los años 2000 (no así en los 80 y 90) América Latina fue la excepción, sobre todo porque durante esta década muchos países de la región incrementaron las inversiones públicas, aumentaron los salarios mínimos e instituyeron políticas redistributivas.
La expulsión de NUMSA (Unión Nacional de Obreros del Metal de Sudáfrica por su sigla en inglés) de COSATU (Congreso de Sindicatos de Sudáfrica) en noviembre de 2014 marca un momento decisivo. La expulsión profundizó aún más la crisis entre el CNA (Congreso Nacional Africano), COSATU y el partido comunista sudafricano (SACP). Además de luchar por un cambio radical en los sindicatos, la NUMSA estaba jugando un papel importante en la construcción de un nuevo Frente Unido que se piensa lanzar en el año 2015. En diciembre de 2014 Sam Ashman (SA) y Nicolas Pons-Vignon (NPV) entrevistaron a Karl Cloete (KC) sobre aquel año muy movido y las perspectivas futuras. SA/NPV: Los que no viven en Sudáfrica pueden pensar que NUMSA está socavando la acción de COSATU y la unidad de la clase trabajadora. ¿Cómo respondería a esta afirmación?
KC: Cuando se fundó el COSATU en 1985, la NUMSA estaba en el centro de las conversaciones sobre la unidad. COSATU fue el producto de una lucha colectiva, y la federación había sacudido la escena sudafricana en el tiempo del apartheid, además jugó un papel importante en el establecimiento de la democracia de 1994. Pero, particularmente durante los últimos ocho años, el COSATU fue perdiendo su independencia casi totalmente. Se ha comprometido en las políticas de las facciones partidarias dentro del CNA y el SACP. El COSATU que solía ser una formación militante, se convirtió en una organización incapaz de avanzar en las luchas fundamentales, en temas como el trabajo precario, el desempleo, la privatización y la mercantilización de servicios. Estamos procediendo contra nuestra expulsión por vía legal y reclamamos que la COSATU llame a la convención de un congreso nacional extraordinario (SNC). La historia del COSATU no permite que uno se aleje de él fácilmente.
En una reunión celebrada en noviembre de 2013 en San Petersburgo, el G20 aprobó un plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (EBTB; BEPS, por sus siglas en inglés[1]), que había sido preparado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el foro más importante en materia de tributación internacional. Con el objetivo de encarar las prácticas corporativas de elusión fiscal, los 15 puntos de acción deben ponerse en práctica hasta fines de 2015.
Desde el año 2009, la cooperación internacional contra la evasión fiscal forma parte de la agenda del G20, pero la elusión fiscal es un tema bastante nuevo para el G20. A diferencia de la evasión fiscal —que atenta contra la ley— la elusión fiscal se ubica en la zona gris del cumplimiento. Opera sobre la base de agresivos esquemas de planificación fiscal de las empresas multinacionales (EMN) e instituciones financieras que aprovechan las diferencias entre las jurisdicciones para mover los beneficios de jurisdicciones con impacto económico (“traslado de beneficios”) o para reducir artificialmente la base imponible del ingreso corporativo (“erosión de la base imponible”). Esta práctica es más difícil de detectar y disuadir, aunque produce resultados similares a la evasión fiscal en cuanto a la pérdida de ingresos para los gobiernos.
En momentos en que Marine Le Pen está ante portas en París; en que los populistas xenófobos marchan por las calles de Dresde; en que el UKIP marca la pauta para una histeria antieuropea cada vez mayor en Londres; y en que en Helsinki el gobierno finlandés se ha convertido en el defensor más ferviente de más medidas de austeridad contra Grecia, por ninguna otra razón que el temor al éxito de los ”verdaderos finlandeses” en las urnas: en estos momentos el pueblo griego se sirvió de su voto para enviar una clara señal contra la continuidad de la austeridad y a favor de los valores europeos de la democracia, el Estado de bienestar, la tolerancia y la sociedad inclusiva.
Ha rechazado el régimen de los tecnócratas europeos e internacionales. Ha dicho que “no” a la oligarquía nacional en el poder cuya conducción llevó al país a la situación actual. Al mismo tiempo, ha resistido a los cantos de sirena de Amanecer Dorado. Ha confiado en un partido sin trayectoria ni experiencia de gobierno, un partido que presentó un programa electoral centrado en un mejor ejercicio del gobierno, más democracia, mayor justicia social y el fin de la política de austeridad que ha destruido la economía y generado niveles de pobreza sin precedentes, mientras la deuda pública (y privada) no ha dejado de crecer. Los votantes griegos han enviado un mensaje claro al resto de Europa: quieren formar parte de Europa, pero ya no soportan la austeridad; necesitan una solución sostenible a su problema de la deuda; quieren ser respetados como integrantes de la Unión Europea y jugar un papel activo en la búsqueda en común de la recuperación de Grecia y de Europa.