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| Karin Astrid Siegmann |
A partir de la adopción de las medidas de prevención contra la propagación del nuevo coronavirus ha surgido un nuevo tipo de héroe: la trabajadora y el trabajador esencial. Una crisis global con las características de la actual nos hace tomar conciencia de lo esencial de los cuidados y la alimentación para nuestro bienestar. La lógica subyacente es muy simple: las y los trabajadores esenciales (re)generan la vida, no generan productos ni ganancias. Por lo tanto, encabezan la lista de las ocupaciones esenciales en el contexto de las respuestas al covid-19 que fueron anunciadas por muchos gobiernos. Pero a pesar de que mantienen los engranajes de la sociedad bien aceitados y en movimiento, sus remuneraciones siguen generalmente bajas y su trabajo no se valora debidamente.[1]
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| Hansjörg Herr |
La pandemia del covid-19 podría desembocar en la recesión más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La “recesión del covid-19” de 2020/2021 será más profunda que la Gran Recesión de 2009 posterior a la crisis financiera de los años 2007/2008 y puede ser comparada con la Gran Depresión de la década de 1930.
El peligro de las recesiones profundas radica en que sus efectos dañinos, lejos de limitarse al corto plazo, pueden desencadenar largos períodos de estancamiento acompañados de crecientes problemas socioeconómicos. Que tales recesiones sean amortiguadas o, por el contrario, se profundicen, y qué acontecerá después de la crisis aguda, dependerá de las políticas que se apliquen. La contribución que acá presentamos discutirá los errores que podrían cometerse y las lecciones a aprender de las recesiones severas del pasado. Sobre esta base se exponen algunas conclusiones políticas referidas a la “recesión del covid-19”.
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| Christoph Scherrer |
En el último día de sesiones de 2019 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con los votos de la abrumadora mayoría de sus integrantes la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). El apoyo de los demócratas a este acuerdo de libre comercio que fue negociado por el gobierno de Trump, se debe sobre todo a que fueron capaces de obligar al gobierno a incluir mecanismos sin precedentes para el monitoreo y control de cumplimiento de la reforma del derecho laboral mexicano. Dichos mecanismos fueron recibidos con beneplácito por la AFL-CIO y la mayoría de los sindicatos estadounidenses. Ellos esperan que el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en México actúe como incentivo para que las empresas desistan de trasladar puestos de trabajo a México.
El arículo describe los déficits del derecho laboral de México, presenta un anexo referido a las reformas de la legislación laboral mexicanas que fueron negociadas por los representantes de Comercio de Trump y, aún más importante, detalla los mecanismos para garantizar su cumplimiento que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, introdujo con éxito en la Ley de Implementación.
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| Francesco Pontarelli |
La propagación del virus COVID-19, reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha adquirido proporciones de una crisis global de dimensiones incalculables. La emergencia del virus ya afectó la vida de millones de personas, mientras el número de infecciones aumenta en todo el mundo. Al parecer, es solo una cuestión de tiempo, hasta que la propagación exponencial del virus afecte también a países, donde las herramientas básicas de protección –vivienda digna, agua corriente y seguridad alimentaria– constituyen un lujo para la mayoría de la población. Sin embargo, hasta en algunos de los países más ricos que cuentan con sistemas nacionales de salud pública y recursos económicos importantes, los gobiernos enfrentan serias dificultades para frenar la velocidad de los contagios.
Cuando el presente artículo se escribió, Italia se había convertido en uno de los países más afectados, con más de 50.000 casos confirmados y 4.825 muertes hasta el 21 de marzo. Se había llegado a esta situación en un lapso muy breve. A inicios del mes de marzo, cuando las unidades de cuidados intensivos de las regiones del norte del país comenzaron a desbordarse
–en parte debido a décadas de recortes presupuestarios neoliberales– la amenaza del virus se hizo innegable y el gobierno italiano decidió adoptar medidas urgentes para inhibir la propagación de los contagios a todo el país. Luego del intento de aislar los focos de contagio mediante la declaración de ´zonas rojas´ (la región de Lombardía y otras 14 provincias) el 5 de marzo, el 9 de marzo el Gobierno extendió el estado de emergencia a todo el país. El 11 de marzo se dispuso el cierre de los espacios públicos, servicios, instituciones educativas y la mayoría del sector minorista (con la excepción de almacenes de comestibles, farmacias y algunos otros rubros). Se clausuró asimismo la esfera pública de la vida de la gente.
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