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| Reiner Hoffmann |
La globalización económica está atravesando un proceso de fuerte aceleración. A partir de los avances de la tecnología de la información y la política comercial internacional está permeando casi todos los sectores de la economía, pero también nuestra forma de vivir. Al mismo tiempo, las barreras arancelarias y técnicas al comercio se están desmantelando en el marco de una amplia liberalización de los mercados, mientras se intensifica la competencia internacional. Como consecuencia, los flujos comerciales y de inversiones globales se han multiplicado por diez desde finales de los años 80.
Los beneficios de los enlaces positivos de la globalización se han hecho presentes en nuestra vida cotidiana en lo económica y cultural a tal punto que no podemos imaginarnos una vida sin ellos. Los niveles de prosperidad han aumentado fuertemente. Sin embargo, el aspecto negativo de este proceso es la presión que la competencia ejerce sobre los salarios y las condiciones laborales. Esto vale para Alemania y los otros países miembro de la Unión Europea (UE) y abarca también las desastrosas condiciones de trabajo en los países del Tercer Mundo y los estados integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Cada vez más, los trabajadores sufren el grueso del peso de la competencia creciente, mientras los estándares sociales están soportando presiones más intensas. No debe sorprender que la distribución de la riqueza creciente sea sumamente desigual. Mientras el uno por ciento más rico de la población mundial se beneficia claramente de la globalización, los ingresos de amplios sectores de clase media de los países industrializados se han estancado y los más pobres de la población mundial sufren la reducción de sus ingresos.
La necesidad de un cambio político
El surgimiento de mercados sin fronteras requiere un cambio político fundamental hacia la estructuración social y ambiental de la globalización. Volver al aislamiento nacional o un renovado proteccionismo no es la respuesta, sino lo contrario. Deberíamos estudiar la compartimentación y re nacionalización de los desafíos sociales, económicos y políticos. A la UE le cabe una responsabilidad especial para avanzar hacia los cambios políticos que se necesitan con urgencia.
Mientras las negociaciones entre los Estados Unidos de América y la UE sobre la propuesta Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) se alargan, por lo menos se registraron avances con respecto al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por su sigla en inglés) entre la UE y Canadá. Es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
Desde la perspectiva sindical, la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB, por su sigla en alemán), sus organizaciones afiliadas y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) tratan de evitar el camino equivocado del aislamiento nacional y reclaman con insistencia un comercio mundial justo, negociaciones transparentes y la participación democrática de los parlamentos nacionales. El comercio justo implica el reconocimiento de las normas laborales fundamentales de la OIT, el rechazo a todos los capítulos sobre la protección de inversiones ante tribunales privados de arbitraje, y la protección de los servicios públicos de interés general. En las negociaciones del TTIP no se han registrado avances en ninguna de estas tres áreas claves, y resulta improbable que esta situación cambie antes de las elecciones en Estados Unidos. Por esto resulta vital que se aproveche la oportunidad de avanzar de forma decisiva en las negociaciones sobre el CETA.
Un nuevo liderazgo con una visión actualizada
La posición adoptada por el nuevo primer ministro de Canadá en relación al CETA difiere de la postura que el anterior gobierno canadiense del primer ministro conservador, Stephen Harper ̶-quien perdió las elecciones de octubre de 2015 ̶- adoptaba en las negociaciones sobre el acuerdo. No solo busca un cambio claro de la política económica y social de Canadá, sino que aspira también a una nueva relación transatlántica con la UE. Además, parece interesado en tomar distancia de los Estados Unidos, cuando defiende reglas y normas progresivas con respecto a los acuerdos comerciales internacionales. Por otra parte, desde el verano [boreal] la Comisión de la UE cuenta con una conducción renovada bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker. Mientras José Manuel Barroso ejercía la presidencia de la Comisión, las negociaciones del CETA fueron llevadas a cabo por el conservador comisario de comercio, Karel de Gucht, quien no mostraba interés alguno en cambiar la política comercial. Quien ahora está a cargo del asunto, su sucesora Cecilia Malmström, no piensa igual y se muestra por lo menos abierta a la idea de un cambio de rumbo.
Luego de las protestas de la primavera [boreal] de 2015, Malmström anunció una nueva y actualizada estrategia europea para las negociaciones. Es de suponer que quiera cumplir su palabra, promoviendo una política europea largamente esperada a favor de un comercio mundial ampliado y más justo, aunque esto dependerá de su capacidad de aprovechar seriamente la oportunidad que el nuevo gobierno canadiense ofrece. Aunque en la actualidad los frenos al proceso provienen de la Dirección General de Comercio de la Comisión. Dado el mal estado en que se encuentra la UE, la conclusión exitosa de las negociaciones sobre el CETA ofrecería además una oportunidad para que la UE recupere la confianza de sus ciudadanos, aunque este resultado no es seguro. En cambio, el incremento de la confianza ciudadana dependerá fuertemente del derecho de los parlamentos nacionales a decidir sobre la ratificación del acuerdo. La Comisión de la UE ha ignorado este hecho por demasiado tiempo. Incluso en julio de este año, se necesitaban presiones masivas para prevenirla de tratar el acuerdo CETA como un asunto de competencia exclusiva de la UE. Por otra parte, resultan esperanzadoras las señales del nuevo gobierno canadiense en el sentido de que está dispuesto a admitir la introducción de cambios al acuerdo comercial supuestamente “concluido”.
Pero el tiempo apremia. Se prevé la firma del acuerdo durante la cumbre entre la UE y Canadá, prevista para el 27 de octubre de 2016. Hasta entonces habrá que introducir muchas aclaraciones definitivas para convertir las promesas de una política comercial justa y moderna en realidad y, más específicamente, habría que quitar las disposiciones sobre protección a las inversiones, porque no forman parte de las competencias de la UE. Si fuera imposible lograr estos cambios, por lo menos habría que enlentecer el proceso. En temas tan complejos como este, la calidad debe prevalecer por sobre la cantidad. Bajo ningún concepto, CETA debe entrar en vigor provisoriamente, antes de que los estados parte de la UE y sus parlamentos hayan aprobado el acuerdo, otorgándole el estatuto jurídico de un “acuerdo mixto”.
Sin duda, ya se han dado los primeros pasos hacia una configuración más social y ambiental de la globalización al servicio de un comercio mundial justo. A diferencia de los Estados Unidos, que ratificaron solamente dos de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los canadienses han ratificado ocho, entre ellos el Convenio 130 sobre la edad mínima de trabajo; la ratificación del Convenio 98 sobre las negociaciones colectivas está prevista para setiembre. Estos avances deben ser reconocidos, al igual que la insistencia del acuerdo en que las metas comerciales no deben servir para socavar las normas de protección laboral y ambiental. Sin embargo, aún no se dispone de mecanismos de sanción para los casos de incumplimiento de las disposiciones relativas a los derechos de trabajo o de protección ambiental. Evidentemente, hay margen para mejorar. Resulta aún más importante la necesidad de celebrar “acuerdos sobre armonización internacional” con el objetivo de fortalecer las normas laborales, sociales, ambientales y de consumo que deben servir de base para implementar sanciones legales, si se producen incumplimientos. іEsto incluye el fortalecimiento de la OIT!
Dar forma al futuro
También hubo avances en el debate sobre la protección de inversores privados. Como parte de las revisiones que se hicieron para asegurar que el acuerdo de libre comercio con Canadá respetara los principios del Estado derecho, los opacos tribunales privados de protección a las inversiones fueron sustituidos por tribunales de inversiones con legitimación pública, con la perspectiva de que estos podrían desembocar en la creación de una corte internacional de comercio. Esto evidencia un claro avance en comparación con las disposiciones originales sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés). A partir de esas mejoras la designación de árbitros privados ya no será posible; los fallos podrán ser apelados, y terceras partes, como por ejemplo los sindicatos, tendrán la posibilidad de manifestar sus posiciones. Sin embargo, quedan muchos puntos críticos por aclarar, entre ellos la forma en que se asegura la independencia de los jueces. Tampoco se ha resuelto el problema de los derechos especiales para los inversores. De todas formas, los servicios públicos deben quedar excluidos por completo del capítulo sobre la protección de las inversiones del CETA, de modo de asegurar que no se conviertan en instrumentos de los procedimientos de arbitraje internacional.
Las mayores incertidumbres y necesidades de aclaración se refieren a los servicios públicos y los servicios de interés general, que juegan un papel muy importante para la integridad social y territorial en los modelos sociales de Europa y Canadá. Los principales riesgos están relacionados con lo que se conoce como “enfoque de lista negativa”, según el cual las obligaciones relativas al acceso al mercado incluidas en el acuerdo CETA serán aplicables a todos los servicios de interés general, tanto presentes como futuros, sin nombrarlos específicamente. Desde los comienzos, los sindicatos defendieron el enfoque de lista positiva, por el cual todos los servicios con estas características deben ser mencionados explícitamente. De esta manera se quiere dejar en claro que la liberalización no debe suplantar objetivos que sirven al bien común. Y por esta razón las liberalizaciones que se decidan en el futuro deben ser reversibles; solo de esta manera podemos asegurar que futuros gobiernos no se vean atados de pies y manos a la hora de tomar decisiones.
Mientras tanto, muchas ciudades y distritos de Alemania, de otros países de la UE y Canadá han resaltado la magnitud de los riesgos que correrían los servicios de interés general de los gobiernos locales. Hasta la aprobación formal del CETA, este puede estar sujeto a cambios jurídicos y políticos. Quienes afirman que el borrador actual del acuerdo es intocable continúan alentando una liberalización desenfrenada y una “democracia a la medida de los mercados” que contradice los legítimos intereses de los ciudadanos. El cambio de gobierno en Canadá ofrece la oportunidad de establecer una alianza reformista euro-canadiense por un comercio internacional justo. La DGB y la CSI lucharemos conjuntamente con los sindicatos canadienses por una alianza reformista de este tipo, y llamamos a la Comisión de la UE a encabezarla.
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Los beneficios de los enlaces positivos de la globalización se han hecho presentes en nuestra vida cotidiana en lo económica y cultural a tal punto que no podemos imaginarnos una vida sin ellos. Los niveles de prosperidad han aumentado fuertemente. Sin embargo, el aspecto negativo de este proceso es la presión que la competencia ejerce sobre los salarios y las condiciones laborales. Esto vale para Alemania y los otros países miembro de la Unión Europea (UE) y abarca también las desastrosas condiciones de trabajo en los países del Tercer Mundo y los estados integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Cada vez más, los trabajadores sufren el grueso del peso de la competencia creciente, mientras los estándares sociales están soportando presiones más intensas. No debe sorprender que la distribución de la riqueza creciente sea sumamente desigual. Mientras el uno por ciento más rico de la población mundial se beneficia claramente de la globalización, los ingresos de amplios sectores de clase media de los países industrializados se han estancado y los más pobres de la población mundial sufren la reducción de sus ingresos.
La necesidad de un cambio político
El surgimiento de mercados sin fronteras requiere un cambio político fundamental hacia la estructuración social y ambiental de la globalización. Volver al aislamiento nacional o un renovado proteccionismo no es la respuesta, sino lo contrario. Deberíamos estudiar la compartimentación y re nacionalización de los desafíos sociales, económicos y políticos. A la UE le cabe una responsabilidad especial para avanzar hacia los cambios políticos que se necesitan con urgencia.
Mientras las negociaciones entre los Estados Unidos de América y la UE sobre la propuesta Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) se alargan, por lo menos se registraron avances con respecto al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por su sigla en inglés) entre la UE y Canadá. Es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
Desde la perspectiva sindical, la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB, por su sigla en alemán), sus organizaciones afiliadas y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) tratan de evitar el camino equivocado del aislamiento nacional y reclaman con insistencia un comercio mundial justo, negociaciones transparentes y la participación democrática de los parlamentos nacionales. El comercio justo implica el reconocimiento de las normas laborales fundamentales de la OIT, el rechazo a todos los capítulos sobre la protección de inversiones ante tribunales privados de arbitraje, y la protección de los servicios públicos de interés general. En las negociaciones del TTIP no se han registrado avances en ninguna de estas tres áreas claves, y resulta improbable que esta situación cambie antes de las elecciones en Estados Unidos. Por esto resulta vital que se aproveche la oportunidad de avanzar de forma decisiva en las negociaciones sobre el CETA.
Un nuevo liderazgo con una visión actualizada
La posición adoptada por el nuevo primer ministro de Canadá en relación al CETA difiere de la postura que el anterior gobierno canadiense del primer ministro conservador, Stephen Harper ̶-quien perdió las elecciones de octubre de 2015 ̶- adoptaba en las negociaciones sobre el acuerdo. No solo busca un cambio claro de la política económica y social de Canadá, sino que aspira también a una nueva relación transatlántica con la UE. Además, parece interesado en tomar distancia de los Estados Unidos, cuando defiende reglas y normas progresivas con respecto a los acuerdos comerciales internacionales. Por otra parte, desde el verano [boreal] la Comisión de la UE cuenta con una conducción renovada bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker. Mientras José Manuel Barroso ejercía la presidencia de la Comisión, las negociaciones del CETA fueron llevadas a cabo por el conservador comisario de comercio, Karel de Gucht, quien no mostraba interés alguno en cambiar la política comercial. Quien ahora está a cargo del asunto, su sucesora Cecilia Malmström, no piensa igual y se muestra por lo menos abierta a la idea de un cambio de rumbo.
Luego de las protestas de la primavera [boreal] de 2015, Malmström anunció una nueva y actualizada estrategia europea para las negociaciones. Es de suponer que quiera cumplir su palabra, promoviendo una política europea largamente esperada a favor de un comercio mundial ampliado y más justo, aunque esto dependerá de su capacidad de aprovechar seriamente la oportunidad que el nuevo gobierno canadiense ofrece. Aunque en la actualidad los frenos al proceso provienen de la Dirección General de Comercio de la Comisión. Dado el mal estado en que se encuentra la UE, la conclusión exitosa de las negociaciones sobre el CETA ofrecería además una oportunidad para que la UE recupere la confianza de sus ciudadanos, aunque este resultado no es seguro. En cambio, el incremento de la confianza ciudadana dependerá fuertemente del derecho de los parlamentos nacionales a decidir sobre la ratificación del acuerdo. La Comisión de la UE ha ignorado este hecho por demasiado tiempo. Incluso en julio de este año, se necesitaban presiones masivas para prevenirla de tratar el acuerdo CETA como un asunto de competencia exclusiva de la UE. Por otra parte, resultan esperanzadoras las señales del nuevo gobierno canadiense en el sentido de que está dispuesto a admitir la introducción de cambios al acuerdo comercial supuestamente “concluido”.
Pero el tiempo apremia. Se prevé la firma del acuerdo durante la cumbre entre la UE y Canadá, prevista para el 27 de octubre de 2016. Hasta entonces habrá que introducir muchas aclaraciones definitivas para convertir las promesas de una política comercial justa y moderna en realidad y, más específicamente, habría que quitar las disposiciones sobre protección a las inversiones, porque no forman parte de las competencias de la UE. Si fuera imposible lograr estos cambios, por lo menos habría que enlentecer el proceso. En temas tan complejos como este, la calidad debe prevalecer por sobre la cantidad. Bajo ningún concepto, CETA debe entrar en vigor provisoriamente, antes de que los estados parte de la UE y sus parlamentos hayan aprobado el acuerdo, otorgándole el estatuto jurídico de un “acuerdo mixto”.
Sin duda, ya se han dado los primeros pasos hacia una configuración más social y ambiental de la globalización al servicio de un comercio mundial justo. A diferencia de los Estados Unidos, que ratificaron solamente dos de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los canadienses han ratificado ocho, entre ellos el Convenio 130 sobre la edad mínima de trabajo; la ratificación del Convenio 98 sobre las negociaciones colectivas está prevista para setiembre. Estos avances deben ser reconocidos, al igual que la insistencia del acuerdo en que las metas comerciales no deben servir para socavar las normas de protección laboral y ambiental. Sin embargo, aún no se dispone de mecanismos de sanción para los casos de incumplimiento de las disposiciones relativas a los derechos de trabajo o de protección ambiental. Evidentemente, hay margen para mejorar. Resulta aún más importante la necesidad de celebrar “acuerdos sobre armonización internacional” con el objetivo de fortalecer las normas laborales, sociales, ambientales y de consumo que deben servir de base para implementar sanciones legales, si se producen incumplimientos. іEsto incluye el fortalecimiento de la OIT!
Dar forma al futuro
También hubo avances en el debate sobre la protección de inversores privados. Como parte de las revisiones que se hicieron para asegurar que el acuerdo de libre comercio con Canadá respetara los principios del Estado derecho, los opacos tribunales privados de protección a las inversiones fueron sustituidos por tribunales de inversiones con legitimación pública, con la perspectiva de que estos podrían desembocar en la creación de una corte internacional de comercio. Esto evidencia un claro avance en comparación con las disposiciones originales sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés). A partir de esas mejoras la designación de árbitros privados ya no será posible; los fallos podrán ser apelados, y terceras partes, como por ejemplo los sindicatos, tendrán la posibilidad de manifestar sus posiciones. Sin embargo, quedan muchos puntos críticos por aclarar, entre ellos la forma en que se asegura la independencia de los jueces. Tampoco se ha resuelto el problema de los derechos especiales para los inversores. De todas formas, los servicios públicos deben quedar excluidos por completo del capítulo sobre la protección de las inversiones del CETA, de modo de asegurar que no se conviertan en instrumentos de los procedimientos de arbitraje internacional.
Las mayores incertidumbres y necesidades de aclaración se refieren a los servicios públicos y los servicios de interés general, que juegan un papel muy importante para la integridad social y territorial en los modelos sociales de Europa y Canadá. Los principales riesgos están relacionados con lo que se conoce como “enfoque de lista negativa”, según el cual las obligaciones relativas al acceso al mercado incluidas en el acuerdo CETA serán aplicables a todos los servicios de interés general, tanto presentes como futuros, sin nombrarlos específicamente. Desde los comienzos, los sindicatos defendieron el enfoque de lista positiva, por el cual todos los servicios con estas características deben ser mencionados explícitamente. De esta manera se quiere dejar en claro que la liberalización no debe suplantar objetivos que sirven al bien común. Y por esta razón las liberalizaciones que se decidan en el futuro deben ser reversibles; solo de esta manera podemos asegurar que futuros gobiernos no se vean atados de pies y manos a la hora de tomar decisiones.
Mientras tanto, muchas ciudades y distritos de Alemania, de otros países de la UE y Canadá han resaltado la magnitud de los riesgos que correrían los servicios de interés general de los gobiernos locales. Hasta la aprobación formal del CETA, este puede estar sujeto a cambios jurídicos y políticos. Quienes afirman que el borrador actual del acuerdo es intocable continúan alentando una liberalización desenfrenada y una “democracia a la medida de los mercados” que contradice los legítimos intereses de los ciudadanos. El cambio de gobierno en Canadá ofrece la oportunidad de establecer una alianza reformista euro-canadiense por un comercio internacional justo. La DGB y la CSI lucharemos conjuntamente con los sindicatos canadienses por una alianza reformista de este tipo, y llamamos a la Comisión de la UE a encabezarla.
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Reiner Hoffmann es el presidente de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB).
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.
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