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| Kjeld Jakobsen |
IntroducciónA comienzos de junio algunos municipios y gobiernos locales brasileños decidieron ajustar los precios del transporte público, proponiendo aumentos que variaron entre 5% y 10%, aproximadamente, dependiendo de la ciudad o el estado federado. Se esperaba que las repercusiones de estos cambios fueran mínimas, porque la inflación se mantenía estable con una tasa anual de 6%, y porque habían pasado por lo menos dos años desde la suba anterior. Sin embargo, la propuesta desencadenó protestas en numerosas ciudades brasileñas, donde el movimiento juvenil reiteraba su demanda del transporte estudiantil libre.
Los brasileños ensayan nuevas formas de participación política. Inicialmente, las protestas fueron llevadas a cabo por pequeños grupos de oportunistas y llegaron al punto de destrozar vidrieras y las entradas de algunas estaciones del transporte subterráneo, provocando duras reacciones de la policía estatal. Para empeorar la situación, en San Pablo algunos alborotadores encerraron un agente policial y lo agredieron. Dos días más tarde se organizó otra marcha, en la que participaron alrededor de dos mil personas. Según se afirmó la policía estaba dispuesta a vengar el ataque contra su colega, por lo que actuó con extrema violencia. Desafortunadamente, el enfrentamiento afectó también a personas sin participación activa en las protestas, hasta llegar al extremo de un incidente en el cual una periodista perdió un ojo debido al impacto de un proyectil de goma, y otro en el que varias personas fueron supuestamente apaleadas por la policía antidisturbios.
La represión desencadenó la participación de más de un millón de personas en la marcha siguiente. Las personas se volcaron a las calles para expresar su solidaridad con los heridos y para agregar otros temas al conjunto de razones que fundamentaron las manifestaciones, como por ejemplo la mejora de los servicios públicos, sobre todo en las áreas de la salud y la educación. El perfil de los nuevos manifestantes fue muy variado; comprendía personas de izquierda y de derecha, por lo que se introdujeron varios asuntos más, por ejemplo la oposición contra un proyecto de ley que reduciría las posibilidades de investigar poderes notariales, así como la preocupación por la corrupción. Paralelamente, numerosos médicos se hicieron presentes en las calles para protestar contra los planes de otorgar permisos de trabajo a profesionales extranjeros para que puedan ejercer su profesión en Brasil. En general, las manifestaciones contaron con la participación de varios sindicatos y algunos partidos políticos que integran la actual coalición de gobierno.
Las personas en las calles plantearon otro punto importante: los enormes gastos previstos por el gobierno para la organización de la Copa Mundial de Fútbol del año entrante (2014) y su relación con la escasez de los recursos asignados a la mejora de los servicios públicos. En un primer momento, los medios criticaron los disturbios pero cuando percibieron su potencial para perjudicar políticamente al gobierno federal, optaron por una cobertura más favorable de las manifestaciones. Después de un día de manifestaciones de masas en más de trescientas ciudades, los alcaldes y gobernadores dejaron sin efecto los aumentos de los precios de transporte en sus áreas de responsabilidad.
En respuesta a las marchas la presidenta Dilma Rousseff adoptó una actitud propositiva: planteó una agenda de reformas para su discusión y posterior aprobación mediante un plebiscito. Sin embargo, poco tiempo después las fuerzas conservadoras que predominan en el Parlamento y los medios se declararon contrarios a la realización de consultas populares de todo tipo.
La reacción conservadora —que no constituyó un hecho novedoso, pero que no había sido tomada en serio—, dejó en claro que los movimientos sociales deben ejercer una fuerte presión sobre el gobierno, si se pretende avanzar en la implementación de la agenda política progresista de Brasil. Hasta el momento los grupos de presión que representan a empleadores, propietarios y otros sectores similares han tenido una fuerte influencia en las discusiones gubernamentales, mientras el llamado de los medios a introducir medidas de austeridad resuena cada vez más fuerte. Por esta razón el 11 de julio, el movimiento sindical y sus seis confederaciones nacionales de trabajadores, entre ellas la Central Única de los Trabajadores (CUT), resolvió la presentación de una agenda propia y la organización de un día nacional de acción seguido de paros, manifestaciones y otras medidas. Dicha agenda incluye la reducción de la semana laboral a 40 horas, el rechazo a la aprobación de una nueva ley a estudio del Parlamento que facilitaría la externalización de empleos, la introducción de mejoras al sistema jubilatorio, la asignación de 10% del PIB a la educación pública y del mismo porcentaje a la salud pública, un sistema de transporte público de buena calidad y la introducción de una reforma agraria. Los trabajadores participaron con fuerza en las actividades, y se acordó un primer encuentro con el gobierno para discutir la agenda de trabajo, sin perjuicio de la realización de otro día de manifestaciones a fines de agosto, tal como estaba previsto. Esta jornada no contó con una adhesión tan masiva como el primero; un resultado importante fue, sin embargo, que aumentó el número de parlamentarios que se unieron a la oposición sindical contra la nueva legislación sobre externalizaciones. Por el momento, el asunto sigue sin resolverse.
Las demandas se dispersan
Si bien la anulación del aumento de los precios de transporte por los gobiernos locales significó una victoria del pueblo, las manifestaciones continúan en Brasil, aunque en escala menor y limitadas a las ciudades grandes como San Pablo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Las demandas varían de un lugar a otro. Por ejemplo, en Rio de Janeiro los manifestantes apuntan al gobernador estatal, sobre todo desde que se descubrió que durante los fines de semana había usado el helicóptero oficial para trasladar su familia y sus animales domésticos a su casa de la playa. Las manifestaciones de solidaridad en Rio de Janeiro se refieren también al caso de un trabajador de la construcción desaparecido desde que la policía lo detuviera.
De modo que este movimiento aún no ha terminado, y probablemente se necesitará mucho tiempo hasta que estemos en condiciones de hacer un análisis exhaustivo y en profundidad de las razones que provocaron las marchas, a pesar de la mejora de la situación socioeconómica de Brasil el año pasado. Para ilustrar este aspecto: la tasa de desempleo se ubica en el nivel más bajo (5%) desde el inicio de las mediciones en los años 90, y Brasil es el único país del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuyo coeficiente de Gini mejoró en la última década.
Sin embargo, persiste la "sensación pesimista" generalizada. La calidad de los servicios públicos del país es deficiente. Por otra parte, el hecho de que un número importante de brasileños dejó atrás la condición de pobreza extrema y el ascenso social de otros grupos sociales fortalecieron la tendencia de las personas a insistir en sus demandas de un mayor bienestar. Asimismo, contribuyeron al creciente pesimismo las críticas de los medios conservadores contra el gobierno, a pesar de la falta de razones reales. Las marchas evidenciaron también algunas secuelas de la transición política negociada de la dictadura a la democracia en la década de 1980, sobre todo el mantenimiento de la policía militar que opera con impunidad casi absoluta y sin control democrático y el sistema electoral desequilibrado que preserva los intereses de los grandes intereses económicos (así como de los sectores sociales más reaccionarios como los propietarios y las iglesias pentecostales).
Conclusiones
Las manifestaciones dejan una lección positiva: no es imposible organizarse, manifestar y ganar. Los brasileños se muestran más tolerantes hacia las manifestaciones, a pesar de las situaciones de caos causadas por las marchas en el centro de las ciudades durante las horas de mayor tránsito. Por lo tanto, ya no es una excepción que grupos menores tomen las calles para articular sus demandas, más allá de que sean justificadas o no, como en el caso de los médicos que se oponen al programa "Mais médicos para o Brasil" del gobierno. Este programa parte de la falta de profesionales de la salud, sobre todo en el campo y en las regiones más pobres de Brasil. Para responder al déficit el gobierno decidió la contratación de médicos procedentes de otros países, sobre todo de Cuba, para compensar la falta de médicos brasileños. La oposición al programa busca preservar el monopolio de los profesionales locales para la prestación de los servicios básicos. Por otra parte, el hecho de que por primera vez el "Bloque negro" se hiciera presente en las marchas tuvo un efecto pedagógico, ya que fue informativa su crítica al capitalismo y, en particular, el sistema financiero como una de sus expresiones más detestables en Brasil; en cambio, hay que repudiar las tácticas violentas usadas en las marchas. Hasta grupos fascistas de extrema derecha han mostrado su rostro tan desagradable en los últimos tiempos para protestar —como siempre, de forma muy agresiva y antidemocrática— contra un encuentro de partidos latinoamericanos de izquierda que se celebró recientemente en San Pablo.
En la actualidad, se trata de ver cómo los sindicatos y sus aliados pueden avanzar en términos políticos, sin concentrarse exclusivamente en el gobierno, que puede ser un aliado, a pesar de los errores cometidos. Pero no tiene sentido que un gobierno de orientación izquierdista haga suya una parte de la agenda conservadora que fue derrotada en las últimas elecciones presidenciales. El movimiento social debe presionar para que los intereses y necesidades de la mayoría de la población tengan prioridad y para remover la mugre que aún queda del pasado autoritario.
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Kjeld Jakobsen fue integrante del ejecutivo nacional de la CUT brasileña durante 12 años, nueve de ellos como secretario de Relaciones Internacionales. Tiene una maestría en Ciencia Política y se desempeña como consultor de cooperación internacional. Es docente de Estrategias Sindicales del curso de la GLU en Brasil.
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.
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