Kjeld Jakobsen |
Introducción
A comienzos de junio algunos municipios y gobiernos locales brasileños decidieron ajustar los precios del transporte público, proponiendo aumentos que variaron entre 5% y 10%, aproximadamente, dependiendo de la ciudad o el estado federado. Se esperaba que las repercusiones de estos cambios fueran mínimas, porque la inflación se mantenía estable con una tasa anual de 6%, y porque habían pasado por lo menos dos años desde la suba anterior. Sin embargo, la propuesta desencadenó protestas en numerosas ciudades brasileñas, donde el movimiento juvenil reiteraba su demanda del transporte estudiantil libre.
Los brasileños ensayan nuevas formas de participación política. Inicialmente, las protestas fueron llevadas a cabo por pequeños grupos de oportunistas y llegaron al punto de destrozar vidrieras y las entradas de algunas estaciones del transporte subterráneo, provocando duras reacciones de la policía estatal. Para empeorar la situación, en San Pablo algunos alborotadores encerraron un agente policial y lo agredieron. Dos días más tarde se organizó otra marcha, en la que participaron alrededor de dos mil personas. Según se afirmó la policía estaba dispuesta a vengar el ataque contra su colega, por lo que actuó con extrema violencia. Desafortunadamente, el enfrentamiento afectó también a personas sin participación activa en las protestas, hasta llegar al extremo de un incidente en el cual una periodista perdió un ojo debido al impacto de un proyectil de goma, y otro en el que varias personas fueron supuestamente apaleadas por la policía antidisturbios.